Contralor pide acelerar ley para auditar fondos
Recuerda que más de S/. 5 mil mllns. se invirtieron sin control alguno en últimos tres años. Mencionó a la región Áncash y al Municipio de Lima entre los que más usan este sistema.
Un nuevo escándalo que involucra, otra vez, al Gobierno Regional de Áncash ha servido de marco para que el contralor de la República, Fuad Khoury, haga sentir su voz y exija al Congreso que acelere la aprobación del proyecto de ley que presentó para que se autorice al órgano de control la realización de auditorías a los fondos públicos que administran o que se invierten a través de cuestionados organismos internacionales.
Ante la denuncia de Cuarto poder, el domingo último, sobre la sobrevaloración en la adquisición de equipos para el hospital La Caleta de Chimbote, el contralor dijo que, lamentablemente, no puede auditar la obra porque esta ha sido realizada usando ese sistema.
En diálogo con RPP, Khoury recordó que cada vez que se solicita información a estas organizaciones internacionales se obtiene una respuesta negativa amparada en la inmunidad diplomática.
“Se trata principalmente de dos entidades, la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)”, enfatizó.
El contralor informó que se ha detectado que no hay relación entre los contratos que suscriben las instituciones del Estado con la especialidad de estas entidades internacionales. Citó el caso de organizaciones especializadas en migraciones (OIM) y educación (OEI) que asumen la administración de obras de infraestructura vial.
Asimismo, recordó que a través de este sistema se han administrado unos cinco mil millones de soles en los últimos dos o tres años, y que este monto no puede ser auditado.
ÁNCASH Y LIMA. Khoury reveló también que entre las principales entidades públicas que han recurrido a este oscuro mecanismo destacan el Gobierno Regional de Áncash y la Municipalidad de Lima.
“Necesitamos que el Congreso agilice la aprobación del proyecto 3976, que está en la Comisión de Fiscalización. Es necesario porque se trata de fondos públicos que deben ser auditados”, puntualizó.
De otro lado, solicitó también al Parlamento que se aprueba otra de sus iniciativas presentadas, la que plantea que la Contraloría pueda aplicar sanciones administrativas.
“Estamos en estado de alerta. La corrupción está aumentando porque no hay sanciones”, puntualizó tras destacar que su organismo trabaja con mucha prudencia.
Ante la denuncia de Cuarto poder, el domingo último, sobre la sobrevaloración en la adquisición de equipos para el hospital La Caleta de Chimbote, el contralor dijo que, lamentablemente, no puede auditar la obra porque esta ha sido realizada usando ese sistema.
En diálogo con RPP, Khoury recordó que cada vez que se solicita información a estas organizaciones internacionales se obtiene una respuesta negativa amparada en la inmunidad diplomática.
“Se trata principalmente de dos entidades, la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)”, enfatizó.
El contralor informó que se ha detectado que no hay relación entre los contratos que suscriben las instituciones del Estado con la especialidad de estas entidades internacionales. Citó el caso de organizaciones especializadas en migraciones (OIM) y educación (OEI) que asumen la administración de obras de infraestructura vial.
Asimismo, recordó que a través de este sistema se han administrado unos cinco mil millones de soles en los últimos dos o tres años, y que este monto no puede ser auditado.
ÁNCASH Y LIMA. Khoury reveló también que entre las principales entidades públicas que han recurrido a este oscuro mecanismo destacan el Gobierno Regional de Áncash y la Municipalidad de Lima.
“Necesitamos que el Congreso agilice la aprobación del proyecto 3976, que está en la Comisión de Fiscalización. Es necesario porque se trata de fondos públicos que deben ser auditados”, puntualizó.
De otro lado, solicitó también al Parlamento que se aprueba otra de sus iniciativas presentadas, la que plantea que la Contraloría pueda aplicar sanciones administrativas.
“Estamos en estado de alerta. La corrupción está aumentando porque no hay sanciones”, puntualizó tras destacar que su organismo trabaja con mucha prudencia.
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